el gobierno de arturo alessandri palma (1920-1925)

Las modalidades parlamentarias, la incapacidad para poner fin a la anarquía de salón en que había vivido el país desde 1891 y las crisis económicas, consecuencia de la decadencia de la industria salitrera después de la Primera Guerra Mundial, limitaron sus proyectos.
La llegada de Arturo Alessandri Palma a la presidencia hacía prever un gobierno de grandes logros, debido a la inmensa popularidad que tenía y a su gran oratoria, pero no fue así. Las modalidades parlamentarias, la incapacidad para poner fin a la anarquía de salón en que había vivido el país desde 1891 y las crisis económicas, consecuencia de la decadencia de la industria salitrera después de la Primera Guerra Mundial, limitaron sus proyectos.
Otros problemas que contribuyeron al desprestigio y a la caída del régimen parlamentario y del Parlamento mismo, fueron la oposición del Congreso, que impedía la realización de varias de las reformas propuestas por el mandatario para enfrentar la crisis social que afectaba al país, y la indisciplina de los partidos de gobierno, que cayeron en la incapacidad de tomar nuevos rumbos y realizar las obras sociales, políticas y económicas contempladas en el programa que había diseñado el presidente Alessandri durante su campaña. Estos problemas siguieron por tres años, en que los trastornos políticos continuaron: los ministerios se sucedían, aumentaba la cesantía, la crisis y los gastos fiscales; recrudecían los ataques de la oposición, que acusaba al mandatario de tener intenciones dictatoriales. La crisis política se aproximaba y todos miraban hacia los militares.
En 1924, no se había logrado aprobar ninguna de las leyes sociales que el presidente había mandado al Congreso, puesto que los parlamentarios consideraron más urgente discutir el sueldo que gozarían senadores y diputados. Hasta ese momento, estos cargos se ejercían en forma gratuita. El 3 de septiembre, cuando el proyecto empezaba a ser considerado en el Senado, un grupo de oficiales militares de baja graduación que se encontraba en las graderías del recinto , expresando su molestia haciendo golpear sus sables en el suelo, hecho conocido como ruido de sables. Tras este acto de rebeldía de los militares, se constituyó un Comité Militar que exigió al presidente el pronto despacho de leyes de gran interés social. Entre ellas, la que fijaba en ocho horas la jornada laboral, la que limitaba el trabajo femenino e infantil, la que creaba la Inspección del Trabajo, la que establecía el seguro obligatorio contra accidentes y la indemnización por estos mismos, la que creaba los tribunales de conciliación y arbitraje, además de otras sobre cooperativas y materias previsionales. El Congreso ante el temor de un pronunciamiento militar las aprobó en pocos días.
Como el comité continuó funcionando, Alessandri presentó su renuncia al Congreso. Este la rechazó y lo autorizó para salir del país con un permiso de seis meses. Los militares conformaron una junta de gobierno integrada por los generales de Ejército Luis Altamirano y Juan Pablo Bennett, y por el almirante Francisco Neff (11 de septiembre de 1924) y disolvieron el Congreso.
Como las reformas anheladas no se hicieron realidad, a principios de enero de 1925 otro comité de oficiales, apoyado por importantes políticos, tomó el poder y convocó al presidente para que volviese al país. Volvió el 20 de marzo de 1925 y reasumió la presidencia. Durante los siguientes meses obtuvo la aprobación de tres importantes cuerpos jurídicos: la Constitución Política de 1925; la ley que creaba el Banco Central y la ley de patrimonio exclusivo de la mujer casada.
La Constitución Política de 1925
A los pocos días de su regreso, Alessandri reunió a una asamblea de representantes de las diversas corrientes de opinión, que aprobó la idea de convocar a una Comisión Consultiva con el objetivo de estudiar las reformas necesarias.
Entre sus integrantes cabe destacar a Luis Barros Borgoño, Eliodoro Yáñez, Agustín Edwards , entre otros personajes de vasta y reconocida trayectoria en los campos intelectuales y políticos.
la comisión contó con 120 integrantes que se dividieron en dos subcomisiones. Una se denominaba “de forma”, y otra, “de reforma”, Alessandri convocó a la ciudadanía a un plebiscito para aprobar la nueva Constitución. Aprobado el nuevo texto, se promulgó el 18 de septiembre de 1925.
Las normas mas importantes que establecía este texto constitucional son:
1. Un Poder Ejecutivo fuerte, es decir, un régimen de gobierno presidencialista elegido por votación directa por los ciudadanos.
2. Separación de la Iglesia y del Estado. Desde ese momento se aseguró a los habitantes de la república la libre manifestación de todas las creencias.
3. Establecimiento del Tribunal Calificador de Elecciones, al cual se le confió la calificación de las elecciones de los miembros del Congreso y del Presidente de la República. Este tribunal calificador estaba compuesto de ministros de las cortes de justicia y de ex presidentes o vicepresidentes del Senado y de la Cámara de Diputados.

la importancia del salitre par el pais

El auge del salitre tuvo lugar a mediados del siglo XIX, perdiendo importancia económica a partir del desarrollo y producción del salitre sintético, a fines de la Primera Guerra Mundial. Economías como la chilena, la cual se basaba principalmente en la explotación de este mineral, se vieron fuertemente afectadas.
La explotación del salitre en la etapa peruana estuvo en manos de empresas nacionales y en la década de 1870 en manos del estado peruano, y en la etapa chilena estuvo en manos de empresas creadas por capitales ingleses en su mayoría, y en menor proporción alemanes y estadounidenses, el salitre del antiguo litoral boliviano estuvo siempre en manos de capitales chilenos.
En 1971 la ya decadente industria del salitre es nacionalizada asumiendo su explotación la Sociedad Química y Minera de Chile. Posteriormente privatizada, y en la actualidad el principal, y casi única empresa dedicada a ello.
El salitre ya no es tan solicitado como antes, su explotación es marginal ya que no es rentable económicamente. Pese a lo anterior, los procesos de producción dejaron un inestimable patrimonio histórico y cultural. Las oficinas salitreras, ubicadas en el Desierto de Atacama, reflejaron los medios y la forma de explotación que marcaron a generaciones de chilenos, bolivianos y peruanos. Las instalaciones de las Oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura fueron declaradas como "Patrimonio de la Humanidad".

problemas politicos al comienzo del siglo XX

Finalizando el siglo XIX y hasta la segunda
década del siglo XX, Chile se encontraba
organizado políticamente bajo un régimen
parlamentario, esto quiere decir que el Presidente
de la República tenía un poder disminuido frente
al Congreso, quien removía a los ministros a su
antojo entre otras facultades. Todo esto
redundaba en la inoperancia del Estado para
aplicar y mantener políticas de mediano y largo
plazo. Aunque más bien se trataba de un juego
de intereses por parte de la oligarquía que estaba
en el poder.
En cuanto a la economía el principal
recurso que explotaba nuestro país era el salitre
cuyos yacimientos se encuentran en los
territorios del norte, obtenidos producto de la
guerra del Pacífico y que significaba una fuerte
entrada de dinero a Chile por concepto de
impuestos aduaneros. Por su parte la agricultura
seguía funcionando sin grandes
transformaciones desde la colonia, o sea con
pocos o casi nulos avances tecnológicos y
mejoras sociales. En cuanto a la industria, esta
estaba dando importantes avances en la
mecanización de ciertos productos de acero
como también de alimentos.
Por otro lado, una de las grandes
transformaciones que se fueron suscitando a
comienzos del siglo XX se observaron en el
ámbito social. Se aprecia un fuerte crecimiento
de los sectores medios donde se verán
representados tanto comerciantes, profesionales
y militares. Sin embargo también se aprecian
fuertes desigualdades hacia los sectores
populares, quienes no obtenían beneficios de
la bonanza del salitre, por el contrario, sus
condiciones de vida fueron empeorando cada
vez más. Esto provocó, por un lado que los
obreros industriales y mineros se organizaran
en sindicatos y otras organizaciones para exigir
con mayor fuerza sus demandas, y por otro, se
produjeron una serie de movilizaciones, huelgas
y protestas que culminaron en muchos casos
con derramamiento de sangre. A eso se suma
una fuerte migración hacia las ciudades, las que
no contaban con la infraestructura para albergar
grandes cantidades de personas generando
hacinamiento e insalubridad.
Otro punto importante de mencionar
es la modernización de los servicios urbanos,
producida por el afán de progreso y crecimiento
de las ciudades y reflejada, fundamentalmente,
en la construcción de centrales hidroeléctricas
que permitieron la instalación de nuevo
alumbrado público y tranvías.

Las primeras huelgas (origen)

Hemos escogido los años de 1890 y 1907 como puntos de observación de la evolución
del movimiento popular en nuestro país durante la época del cambio de siglo y de la
matanza de la escuela Santa María de Iquique, por tratarse de dos momentos de gran
significado, dos hitos simbólicos de su historia.
Nuestra ponencia intentará trazar una caracterización general del movimiento popular
en ambos instantes, y entregar algunos elementos explicativos de su desarrollo entre esas
fechas.
El panorama que se proyectará no será tarapaqueño sino nacional (con el riesgo de
etnocentrismo que ello implica), lo cual subraya su carácter general y la necesidad de
contar con estudios monográficos que permitan avanzar en la construcción de una visión
más rica y detallada que, dando cuenta de las diferencias regionales y locales, las integre en
una perspectiva de conjunto nacional.
EL MOVIMIENTO POPULAR HACIA 1890
Hacia 1890, año de la primera huelga general en la historia de Chile -la “huelga grande”
de Tarapacá, Antofagasta y Valparaíso- el movimiento popular ya había iniciado un
proceso de transición, que los acontecimientos de ese año pusieron de relieve2.
Hasta entonces la columna vertebral del movimiento de los trabajadores había estado
conformada por artesanos y obreros urbanos calificados. Los carpinteros, ebanistas, sastres,
zapateros, cigarreros y tipógrafos constituyeron la vanguardia social popular. Sus
reivindicaciones más persistentes fueron, a lo largo de todo el siglo: el proteccionismo a la
* Artículo elaborado en el marco del proyecto FONDECYT N°1980725. Una versión preliminar fue presentada
en el Congreso de Historia Regional, celebrado en Iquique en noviembre de 1997.
** Doctor en Historia, Director del Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna, profesor de la Universidad
de Chile, Director del Magíster en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad ARCIS. Correo electrónico:
sgrez@vima.tie.cl
2 Sobre este movimiento, ver Sergio Grez Toso, “La huelga general de 1890”, en Perspectivas, N°5, Madrid,
1990, págs. 127-167 y De la “regeneración del pueblo” a la huelga general. Génesis y evolución histórica
del movimiento popular en Chile (1810- 1890), Santiago, Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos
y Museos, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana- Red Internacional del Libro, Colección Sociedad y
Cultura, 1998, vol. XIII, págs. 705-759; Julio Pinto Vallejos, “1890: un año de crisis en la sociedad del salitre”,
en Cuadernos de Historia, N°2, Santiago, 1982, págs. 77-81; Mario Zolezzi, “La gran huelga de julio de 1890
en Tarapacá”, en Camanchaca, N°7, Iquique, invierno- primavera 1988, págs. 8-10; Enrique Reyes Navarro,
“Los trabajadores del área salitrera, la huelga general de 1890 y Balmaceda”, en Luis Ortega (editor), La
guerra civil de 1891. Cien años hoy, Santiago, Universidad de Santiago de Chile, Departamento de Historia,
1993, págs. 85-107.
2
“industria nacional” y la reforma o abolición del servicio militar en la Guardia Nacional,
que pesaba exclusivamente sobre los trabajadores. Las organizaciones sociales en las que se
aglutinaba este movimiento eran: las mutuales, cooperativas, sociedades filarmónicas de
obreros, cajas de ahorro, escuelas de artesanos y otras que venían desarrollándose desde
mediados de siglo, como expresión del proyecto de “regeneración del pueblo” preconizado
por los igualitarios en 1850 y por las generaciones posteriores de militantes populares. Un
ideario de progreso, ilustración, mejoramiento material, intelectual y moral de los
trabajadores a través de la práctica del socorro mutuo, la educación, el ahorro, las
diversiones sanas e ilustradas, era el elemento central del ethos colectivo del movimiento
popular organizado. Y en el plano político, la adhesión inicial a los ideales del liberalismo
había dado paulatinamente paso a una corriente sui generis de liberalismo popular, que
progresivamente había tendido a distinguirse y luego a separarse del liberalismo de las
elites dirigentes. La vía de las reformas graduales, que apuntaba a la transformación del
régimen liberal en sistema democrático, aprovechando las libertades existentes para
ponerlas al servicio de los intereses de los trabajadores, llevó a los militantes populares a
romper con el liberalismo ”de frac y corbata” y a organizar en 1887 una representación
política independiente: el Partido Democrático.
Pero este movimiento vivía, como hemos señalado, una etapa de transición. Desde
comienzos de los años ochenta despuntaban una serie de elementos nuevos que estaban
relacionados con el paso desde una economía tradicional, en muchos aspectos
precapitalista, a la era del capitalismo industrial. Las huelgas y protestas en el norte
salitrero y en los principales centros urbanos habían proliferado emergiendo con fuerza
reivindicaciones típicamente obreras, como las relativas a salarios y condiciones de trabajo.
Un reflejo en el plano organizativo de esta evolución del movimiento popular, desde una
política de “cooperación” hacia una de confrontación, fue la afirmación de las funciones
sindicales, esto es, reivindicativas, de las mutuales (especialmente en las de tipógrafos), y la
aparición -desde los años setenta- de las primeras estructuras de índole protosindical,
coordinaciones de huelga que actuaban junto o al lado de las sociedades de socorros
mutuos, en los conflictos laborales. En el ámbito político, la corriente liberal popular
evolucionaba decididamente hacia una mayor diferenciación con el liberalismo de las elites,
primero, y luego hacia la ruptura, expresada, finalmente, en la fundación del Partido
Democrático a fines de 18873.
La huelga general de 1890 fue un punto de quiebre, una fractura histórica de
considerable magnitud en el seno del movimiento popular, a la vez que un hito simbólico
que brinda un excelente punto de observación de los procesos que se encontraban en curso.
La “huelga grande” de 1890 marcó -de manera sangrienta- la entrada en la escena social de
la moderna clase obrera, en vías de formación en las explotaciones mineras, los puertos y la
industria fabril. Esta huelga permite apreciar el creciente protagonismo de los mineros,
3 Un amplio desarrollo de estos temas en Grez, De la “regeneración del pueblo...”, op. cit., passim. Véase
también, del mismo autor: “La trayectoria histórica del mutualismo en Chile (1853- 1990)”, en Mapocho,
N°35, Santiago, primer semestre de 1994, págs. 293-315; “Los artesanos chilenos del siglo XIX: Un proyecto
modernizador-democratizador”, en Proposiciones, Santiago, agosto de 1994, págs. 230-235; “Los primeros
tiempos del Partido Democrático chileno (1887-1891)”, en Dimensión Histórica de Chile, N°8, Santiago,
1991, págs. 31-62 y “Balmaceda y el movimiento popular”, en Sergio Villalobos R. et al., La época de
Balmaceda, Santiago, Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Centro de
Investigaciones Diego Barros Arana, 1992, págs. 71-101.
3
trabajadores portuarios y obreros industriales, el papel de vanguardia que irían ocupando
progresivamente desde esa época.
Pero la sustitución de los liderazgos fue lenta, no sólo porque los antiguos sujetos
protagónicos no desertaron pura y simplemente de la lucha social sino, también, porque los
nuevos actores vivían una etapa transicional. La transformación del peonaje colonial en
proletariado aun no había terminado y la persistencia de relaciones laborales con fuertes
resabios precapitalistas (pago en fichas-salario, regalías, castigos físicos) y la mentalidad
que ello engendraba, tanto en los patrones como en los trabajadores, son claros indicios de
que la metamorfosis del peonaje en proletariado no había concluido. Cierta ambigüedad
caracterizaría durante todo un período a la vanguardia emergente: el espontaneísmo, el
“primitivismo” de sus protestas, los métodos premodernos de lucha persistirían durante
algunos años (la huelga general de 1890 tuvo bastante de esto), pero el propio desarrollo del
modo de producción capitalista, el avance de las ideologías de reforma y redención social
en el seno de las clases laboriosas, y los esfuerzos conjugados de la elite y del Estado,
aceleraron la mutación cultural de los trabajadores proletarizándolos, alejándolos de su
origen peonal.
Un resultado de estas transformaciones fue la adopción por parte del nuevo actor –el
proletariado- de algunos de los ideales y de las formas de organización y lucha de la antigua
vanguardia, cuestión sobre la que volveremos al examinar la situación del movimiento
obrero y popular en la época de la “huelga grande” tarapaqueña de 1907.
En la huelga de 1890, por último, los fenómenos de desencuentro entre la vieja
vanguardia y la emergente avanzada social proletaria, también tuvieron su correlato en el
plano político. El Partido Democrático no impulsó el movimiento ni intentó darle
conducción; se desligó de la violencia de los huelguistas, guardó silencio y se limitó a pedir
al Presidente de la República la adopción de medidas para aliviar la angustiosa situación
económica por la que atravesaban los sectores populares. El Partido Democrático
representaba prioritariamente a los obreros y artesanos urbanos calificados y a algunos
estratos de la intelectualidad de las capas medias; su presencia entre los mineros, obreros
fabriles y portuarios todavía era ínfima o nula. En su programa se refleja una ausencia casi
total de reivindicaciones propiamente proletarias como las relativas a salarios y condiciones
laborales. El desencuentro entre los demócratas y los huelguistas de julio correspondía
también a la estrategia de incorporación del joven partido al juego político institucional. La
huelga general de 1890, puso de manifiesto el desface entre la organización política de
vanguardia de la vieja columna vertebral del movimiento popular y los nuevos actores -
proletarios- emergentes.
El período que medió entre esta primera huelga general y la de 1907, profundizó y
matizó algunos de estos fenómenos y provocó el surgimiento de otros.

EL MOVIMIENTO OBRERO Y POPULAR HACIA 1907
En grandes rasgos podríamos señalar la consolidación de la nueva vanguardia social
(obrera) y de sus reivindicaciones específicas (salariales y laborales). Asociado a este
fenómeno había surgido desde el cambio de siglo como primeras formas de organización
sindical, las sociedades de (o en) resistencia, animadas por militantes anarquistas. Hacia la
misma época nacieron las mancomunales como entidades que tendieron a combinar la
actividad reivindicativa o sindical con aquéllas más tradicionales de tipo mutualista y de
4
educación y recreación popular. En realidad, el fenómeno mancomunal era la expresión de
cierta indiferenciación de funciones en el seno de muchas organizaciones sociales. Las
fronteras entre el sindicalismo y el mutualismo no eran netas: las mutuales siempre habían
impulsado movimientos reivindicativos de los trabajadores, especialmente desde la década
de 1870, en gremios como los tipógrafos y cigarreros. El fenómeno se acentuó de tal
manera que durante los primeros años del siglo XX, en ciertas ciudades las sociedades de
socorros mutuos o sus instancias de coordinación, seguían siendo las organizaciones más
aptas para convocar al conjunto del pueblo llano a movilizaciones para defender sus
intereses. Fue el Congreso Social Obrero -conglomerado de mutuales- quien convocó a la
“huelga de la carne” en Santiago en octubre de 1905 e hizo, a comienzos de 1908, un
llamado a la huelga general para protestar por la masacre de la escuela Santa María. La
mutualidad no era ajena, por lo visto, a la protesta y a la reivindicación social. Aparte de la
imbricación de funciones, también contribuía a oscurecer la línea de demarcación entre el
mutualismo y el naciente sindicalismo el cambio de perfil de algunas organizaciones. El
ejemplo más claro por esos años fue el de la Federación Obrera de Chile (FOCH), creada en
1908 como una mutual de los obreros ferroviarios, pero que terminó convertida en un
organismo nucleador de las entidades sindicales bajo influencia del Partido Obrero
Socialista (POS), fundado en 1912 por Luis Emilio Recabarren4.
En general, hacia la época de la “huelga grande” de 1907 no puede hablarse de
“reemplazo” o “sustitución” de un tipo de asociación por otras, sino de una mayor variedad
de organizaciones sociales populares. A las antiguas instituciones (mutuales, filarmónicas
de obreros, escuelas nocturnas de artesanos, cajas de ahorro, cooperativas, logias de
temperancia), se sobreponen las nuevas (sociedades en resistencia, mancomunales, ateneos
obreros, centros de estudios sociales, etc.), haciendo más variado y complejo el panorama
del societarismo de las clases laboriosas.
Pero, más allá de lo organizativo y de las funciones asumidas por las agrupaciones
populares, conviene subrayar el creciente protagonismo obrero y la mayor importancia que
van cobrando las doctrinas de redención social como el anarquismo y el socialismo. En el
fondo, las mutuaciones políticas, culturales e ideológicas en el seno del movimiento obrero
y popular, hacia 1907 ya habían provocado un cambio de su ethos colectivo. Si hasta fines
del siglo XIX, la cultura, el proyecto y el ethos colectivo del movimiento popular organizado
podía sintetizarse en la aspiración a la “regeneración del pueblo”, hacia la época del baño
de sangre de la escuela Santa María, el movimiento obrero ya enarbolaba la consigna más
radical de “la emancipación de los trabajadores”. En el plano directamente político, la
evolución había sido muy compleja y contradictoria, ya que la ruptura inicial con el
liberalismo oficial que había representado la fundación del Partido Democrático, se había
visto matizada pocos años más tarde por su plena cooptación por el sistema parlamentarista
a través del ingreso de los demócratas a la Alianza Liberal en 1896. La situación del Partido
Democrático se había hecho aún más compleja ya que en contraposición en su
incorporación al juego político de la Republica Parlamentaria, habían surgido en su seno
tendencias más radicales (socializantes y anarquizantes), que eran la expresión del
descontento de una significativa fracción de la base, base social que se había desarrollado
diversificándose incorporando a mayores contingentes proletarios. Y, aunque las fronteras
entre las tendencias anarquistas y socialistas fuera del propio Partido Democrático tampoco
eran claras hacia el cambio de siglo, al cabo de los diecisiete años transcurridos entre 1890
4 Grez, “La trayectoria histórica...”, op. cit., págs. 307 y 308.
5
y 1907, puede hablarse globalmente de una inclinación hacia la “izquierda” del movimiento
popular. Cuando se produjo el holocausto de la escuela Santa María este proceso no había
terminado, ya que un hito importante ocurriría, como ya lo indicamos, pocos años después
al fundarse el Partido Obrero Socialista.
Los elementos señalados, tanto en el plano de las organizaciones sociales como
políticas del mundo popular, nos indican que los procesos se encontraban a medio camino.
Tal vez porque la propia transición laboral no había concluido, como lo prueba la gran
coincidencia entre las principales reivindicaciones levantadas por los huelguistas de 1890 y
de 1907: término de la ficha-salario y de los abusos cometidos en las pulperías de las
oficinas salitreras, exigencia de pago de sus remuneraciones en plata o en billetes no
desvalorizados, demanda de seguridad laboral en las faenas para evitar los accidentes del
trabajo, especialmente en los cachuchos, establecimiento de escuelas, etcétera5.
La persistencia de las mismas reivindicaciones arroja luces acerca de la lentitud con que
la elite tomó conciencia y reaccionó frente a la “cuestión social”. Si bien se percibía un
mayor reconocimiento de la existencia de problemas sociales y se habían adoptado algunas
tímidas medidas como el voto de la Ley de Habitaciones Obreras y la creación de la Oficina
del Trabajo, ambas en 1906; en general prevaleció el endurecimiento y la respuesta
represiva frente a las demandas de los trabajadores: la huelga portuaria de Valparaíso
(1903), la “huelga de la carne” de Santiago (1905), la huelga general de Antofagasta (1906)
y la “huelga grande” de Tarapacá (1907), fueron ahogadas en sangre por la policía y las
Fuerzas Armadas. La mayor severidad de la represión era otro elemento diferenciador con
la situación anterior a 1890, que también acarrearía cambios en el perfil del movimiento
obrero y popular.
CONCLUSIÓN
Entre la huelga general de 1890 y la de 1907, las transformaciones sufridas por el
movimiento popular eran importantes. La emergencia de una nueva vanguardia (obrera) y
de nuevas reivindicaciones y organizaciones populares se había visto acompañada de una
diversificación de la representación política de estos sectores, tanto por la aparición de la
corriente anarquista como por la manifestación de tendencias socialistas dentro y fuera del
Partido Democrático. La mutación del ethos colectivo del movimiento tenía mucho de
sincretismo, de mezcla de lo viejo con lo nuevo: la lucha por “la emancipación de los
trabajadores” recogía del ideario de la “regeneración del pueblo” su prédica moralizadora,
el racionalismo, la confianza en el progreso y la civilización, el proyecto de ilustración.
Eduardo Devés tiene razón al hablar de una “cultura obrera ilustrada” en tiempos del
Centenario6, pero me parece necesario subrayar los evidentes puntos de continuidad con la
cultura societaria popular del siglo XIX. La idealización de la ciencia y de la técnica, el
carácter eminentemente urbano y legalista del movimiento, el uso de la prensa como arma
5 Véase el cuadro comparativo de las peticiones obreras de 1890 y 1907, elaborado por Sergio González
Miranda, Hombres y mujeres de la pampa: Tarapacá en el Ciclo del Salitre, Iquique, Taller de Estudios
Regionales, Ediciones Especiales Camanchaca, N°2, 1991, pág. 52.
6 Eduardo Devés V., “La cultura obrera ilustrada chilena y algunas ideas en torno al sentido de nuestro
quehacer historiográfico”, en Mapocho, N° 30, Santiago, segundo semestre de 1991, págs. 127-136 y Los que
van a morir te saludan. Historia de una masacre. Escuela Santa María de Iquique, 1907, 2a edición,
Santiago, Ediciones Documentas- Nuestra América Ediciones- América Latina Libros, 1989, págs. 203-209.

Primeras leyes laborales

Las primeras normas que gestan el Derecho Laboral, son las que se refieren a la prevención de riesgos laborales.

En España, las primeras normas laborales, en sentido estricto, aparecen, en un primer momento, como consecuencia de una actuación altruista por parte del legislador ante las desigualdades existentes en la relación laboral. En este período, el contrato de trabajo es, en realidad, un contrato de adhesión donde el empresario impone las condiciones que más favorables son para él, mientras que el trabajador sale perjudicado.

Las primeras leyes están destinadas a la protección de mujeres y niños en el trabajo. En 1873, Ley de 24 de julio, aparece la primera norma de la legislación laboral española, cuyo objeto es la regulación del trabajo de los menores y mujeres. Sienta un serio precedente al prohibir trabajar a los menores de 10 años. También establecía otras prohibiciones como la de los trabajos nocturnos a menores de 16 años. Sin embargo, no existe una voluntad de regular el ámbito de las relaciones laborales, sino más bien, un afán altruista por paliar estas condiciones de trabajo tan inhumanas.

En la época de la Revolución Industrial, no existían jornadas de trabajo establecidas y las condiciones de trabajo eran de una alta insalubridad. Al mismo tiempo, la aparición de nuevas máquinas en las fábricas dispara la siniestralidad laboral.

No hay intervención estatal en la regulación de las relaciones laborales, hasta la creación de estas primeras leyes.

En 1878, aparece otra norma, Ley de 26 de julio, que regula, también, el trabajo de los menores, prohibiendo algunos trabajos a menores de 16 y 18 años: trabajos peligrosos, insalubres, de fuerza, dislocación, equilibrio y como buzos o domadores de fieras. Dicha Ley prohibía algo muy habitual en la época, como era la actuación de menores en espectáculos circenses. Esta norma contenía un mecanismo de persecución penal a los padres de estos niños. A diferencia de la anterior, ésta sí tuvo cierta efectividad.

Comienza, pues, un cambio social y surgen las reivindicaciones obreras, pasando el Gobierno a interesarse por estos problemas, pero no ya con fines altruistas, sino con el objetivo de acallar estas voces.

Así, en 1886, se crea en nuestro país la Comisión de Reformas Sociales para regular de una forma seria las condiciones de trabajo. Es un organismo que adquiere gran relevancia para la creación del Derecho Laboral, encargándose de estudiar las peticiones de los trabajadores. De esta manera, surge la primera Ley de Accidentes de Trabajo de 31 de enero de 1900. Además, se aprobaron más normas de este tipo durante la existencia de este organismo. Dicha Ley, Introduce el concepto de indisponibilidad de los derechos del trabajador: toda cláusula contractual donde el trabajador renuncie a los derechos que el legislador le otorga, serán nula. Asimismo, establece un listado de las consideradas incapacidades profesionales y las posibles indemnizaciones en caso de AT.

Esta Ley tiene una gran importancia. Por un lado, mediante ella, se crea la Teoría del Riesgo Profesional: el riesgo es consustancial al trabajo que se realiza. Por tanto, el empresario, o bien paga una indemnización en caso de accidente laboral, o bien protege al trabajador mediante una póliza de seguros, contratada con una aseguradora reconocida legalmente por el Estado, que cubra ese riesgo en concreto.

Con la Ley de Accidentes de Trabajo de 1932, el seguro, que hasta ese momento era de carácter voluntario, se vuelve obligatorio.

El concepto de Accidente de Trabajo, recogido en la Ley de 1900, es un concepto que sigue vigente hasta nuestros días, al igual que el de Recargo de Prestaciones (naturaleza sancionadora y reparadora al mismo tiempo).

En 1900, se crea una Orden, la primera norma preventiva en sentido estricto, ya que las anteriores son normas preventivas indirectas.

Hasta la dictadura franquista, no existen normas preventivas en sentido estricto, sino reparadoras. La primera, en este sentido, es la creada en 1940.

En 1900, única excepción a esta afirmación, surge un catálogo de medidas preventivas, pero sin valor normativo. Era una Orden Ministerial, Catálogo de mecanismos preventivos, donde el legislador se limitaba a exponer una simple enumeración de dichos mecanismos, sin vincular, en ningún momento, al empresario. No obligaba a éste, ni establecía normas de utilización, era meramente descriptivo.

Después de la Ley de 1900, surge otra norma importante. En 1906, se crea el Reglamento de la inspección de Trabajo. Es una norma decisiva, ya que se había concluido que toda la normativa anterior no había tenido una utilidad práctica, al no crear un mecanismo coercitivo para su cumplimiento. Por ello, se crea la Inspección de Trabajo, cuya función principal es la fiscalización del cumplimiento de la Ley de Accidentes de trabajo de 1900. A partir de aquí, se puede hablar de Derecho del Trabajo, en sentido amplio y estricto.

En 1912, se aprueba la Ley de la Silla, norma con la que se comienza a regular la obligación, en los establecimientos no fabriles, de los empresarios de conceder una silla a las trabajadoras durante el desarrollo de la actividad laboral. Es la primera Ley que introduce el Principio de adecuación al trabajo. Años más tarde, este derecho será extendido a los varones.

En 1922, surge la norma que sustituiría a la Ley de Accidentes de trabajo de 1900. Aglutina a esta última e introduce una matización del concepto de Accidente de Trabajo: la imprudencia profesional como causa de Accidente de trabajo protegida por el Ordenamiento. Dos circunstancias romperían el nexo de causalidad, que harían que el Accidente de Trabajo no fuera considerado como tal:

* La actitud dolosa o imprudencia temeraria.



* La fuerza mayor.

Con la dictadura de Primo de Rivera, se sigue manteniendo el talante reparador de la normativa laboral en materia de riesgos laborales. Hasta este período, no existía en nuestro país una regulación seria, que fijase las condiciones de trabajo.

Se crea el Código de Trabajo de 1926, donde se recopilan y fijan las condiciones de trabajo. Además, aglutina la Ley de Accidentes de Trabajo de 1922. Al hablar en ella de prevención, se refiere sólo a la reparación del Accidente de Trabajo.

Por tanto, Primo de Rivera no aporta ninguna novedad legislativa significativa a la materia en Prevención de Riesgos Laborales.

Con la II República, se da un pequeño cambio en la reparación del Accidente de Trabajo, mejorando más el panorama de las relaciones laborales.
Se aprueba el precedente de lo que hoy es el Estatuto de los Trabajadores : la primera Ley del Contrato de Trabajo de 1931.

Le sigue la Ley del Contrato de Trabajo de 1944, ya en la etapa franquista.

Durante la II República, se dan dos circunstancias significativas :

* Se aprueba la Ley de Seguro Obligatorio de Trabajo (hasta ese momento era voluntario) de 4 de julio de 1932.



* Ley de 13 de julio de 1936, donde se obliga a asegurar al trabajador ante la Enfermedad Profesional.

Todas estas Leyes seguían teniendo un carácter profundamente reparador.

Hasta la etapa franquista, el legislador se centra en el momento que ya se ha producido el daño: carácter reparador.

Con la dictadura franquista, se crea el Fuero del Trabajo en 1938, que es, básicamente una proclama de principios (empapada en los valores fascistas) sobre las directrices a seguir en materia sociolaboral. Se advierte en ella, una preocupación laboral y social por la figura del trabajador.

Se crea, por primera vez en la historia de la legislación española, una norma de carácter preventivo en el Derecho Laboral: Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1940. Recoge de manera sistemática y rigurosa medidas preventivas y de higiene en la empresa. Su objetivo es proteger al trabajador contra los riesgos propios de su profesión, que puedan poner en peligro su vida y salud. Este es el fin de una norma preventiva y ya así lo definía el legislador en este período.

Otras normas de esta etapa son las Ordenanzas Laborales. Es un segundo nombre de la Ley de Reglamentaciones de Trabajo de 1942. En ellas, se regulan, sectorialmente, las condiciones de trabajo. La denominación como Ordenanzas Laborales la recibe en la década de los ’70. Se encargan de regular aspectos como el salario, la jornada laboral, las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo, etc.

Sin embargo, hoy día, la negociación colectiva ha ido desplazando a las Ordenanzas Laborales, aunque algunas continúan vigentes.

En 1944, se crea, también, la Ley de Contrato de Trabajo, como ya hemos indicado anteriormente.

El Estatuto de los Trabajadores regula las condiciones, que regirán en el contrato de trabajo. Una, expresamente regulada, es aquella que expone, que el empresario vigilará la seguridad de sus trabajadores. En el ámbito privado (contrato de trabajo), no se contemplaba el derecho del trabajador a estar protegido durante la prestación, hasta la creación del Estatuto de los trabajadores en 1980.

Por tanto, volviendo al período franquista en España y como decíamos, es palpable la preocupación social (siempre dentro del contexto de falta de libertades) por el trabajador, con un carácter preventivo. Así, aparece el Decreto de 26 de julio de 1957. Aquí, la mujer y los menores son los colectivos objeto de la mencionada norma. Ambos eran denominados como media fuerza de trabajo. Con esta norma se busaca protegerlos, prohibiéndoles realizar algunos tipos de trabajo en relación a la nocividad, insalubridad, etc. (minería, industria del caucho, del papel, etc).

La particularidad de dicho Decreto reside en la continuidad de su aplicación hasta nuestros días, a pesar de que el Tribunal Constitucional, en 1992, lo declaró anticonstitucional. No se deroga expresamente hasta 1995, pero sólo en atención al colectivo femenino, para los menores sigue vigente. Desde hace unos años, se espera un Real Decreto que aplique una nueva regulación en esta materia, derogando ya en su totalidad el Decreto anterior de 1957.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 ha sufrido ya 4 modificaciones de gran envergadura desde su creación.

La cuestion social a fines del siglo XIX (origen)

El crecimiento económico generado por la industria minera instalada en la zona norte del país fue fecundo para la acumulación de grandes fortunas entre los empresarios chilenos y para que el Estado pudiera desarrollar una vasta red de obras públicas. Sin embargo, la mayor parte de la población chilena no recibió los beneficios del progreso económico; por le contrario, tras la fastuosa imagen de los capitanes de la industria chilena, se escondía una dura y trágica realidad social.

En primer lugar el despegue de la economía chilena implicó el surgimiento de una serie de oleadas migratorias desde el campo a la ciudad, o en su defecto desde el campo a las oficinas salitreras del norte del país. Las grandes urbes chilenas no estaban preparadas para recibir los repentinos y vastos flujos de población proveniente del campo, y debido a la escasez de viviendas, los recién llegados a los centros urbanos se debieron instalar en las inmediaciones de las industrias y se ubicaron en habitaciones precarias y deficientes.

De esta forma surgieron algunas de las tradicionales viviendas chilenas como los “cuartos redondos”, los “conventillos”, los “ranchos”; los primeros de ellos, eran habitaciones sin luz ni ventilación en las que se ubicaban todos los miembros de un grupo familiar; los “conventillos” eran complejos de viviendas compuestos por un conjunto de habitaciones que se disponían a ambos lados de una calle interior que servía de pasillo; finalmente, los “ranchos” eran precarias construcciones realizadas a base de abobe y con techumbres de paja.

Las pésimas condiciones habitacionales y el extremo hacinamiento eran factores que elevaban considerablemente las posibilidades de multiplicación de enfermedades pandémicas, a lo que se agregaban problemas de alcantarillado, dificultades para la evacuación de aguas servidas, y complicaciones severas en la extracción de la basura.

Esta compleja situación en materia de salubridad pública derivó en la aparición de enfermedades asociadas a las malas condiciones higiénicas como la peste bubónica, la tuberculosis, la difteria, la neumonía y otras. El delicado panorama que debían enfrentar los bolsones de campesinos era completado con la propagación de enfermedades de contagio sexual y con una alta tasa de alcoholismo en la población.

Las pésimas condiciones que debían enfrentar los obreros de las ciudades, no diferían en mucho con las que debían lidiar los mineros del salitre en las oficinas del norte del país; de hecho, sus precarias habitaciones eran construidas con un componente metálico denominado calamina, el que hacía a las viviendas de los mineros casi inhabitables puesto que por el día no aislaban las altas temperaturas, y por las noches no protegían a los trabajadores y sus familias de los inclementes fríos desérticos. La situación sanitaria también era deficiente debido a la carencia de profesionales de la salud para atender a una masa de población en constante aumento.

En el aspecto laboral los obreros industriales y los mineros del salitre se hallaban aún más desprotegidos, ya que no existía una legislación al respecto y los abusos patronales eran perpetrados cotidianamente en las industrias y en las oficinas salitreras. Para el periodo de la llamada República Salitrera no existían los contratos de trabajo ni menos los sistemas de previsión; por el contrario, eran usuales las jornadas laborales de 14 horas de duración.

Las pésimas condiciones laborales eran aumentadas en las oficinas salitreras a través del sistema de fichas, el que implicaba que a los mineros no se les cancelaban sus remuneraciones con dinero de curso legal, sino que por medio de fichas confeccionadas con diversos materiales que servían como instrumento de pago en las pulperías emplazadas en cada oficina; lo paradójico del asunto es que las pulperías eran de propiedad de las mismas salitreras, lo que en la práctica significaba que el producto del trabajo de los mineros era acumulado en última instancia por los dueños de las propias salitreras.

Las precarias condiciones sociales y laborales en las ciudades, pero especialmente en las oficinas salitreras, originaron la aparición de un conjunto de organizaciones y movimientos sociales que agrupaban y que canalizaban las demandas de los obreros y mineros. Estas organizaciones se sumaron a las ya existentes como la Sociedad Unión de Tipógrafos, fundada en 1853 en la ciudad de Santiago y a la Sociedad de Artesanos de la Unión. En el año1900 se fundó el Congreso Social Obrero, organización que aglutinaba a más de 150 sociedades obreras, y en el año 1909 surgió la Federación Obrera de Chile (más conocida por su sigla FOCH).

La organización de los trabajadores en las oficinas salitreras dio paso a la aparición de la denominada “prensa obrera”, la que consistía en periódicos dirigidos a los mineros y que entre sus principales mensajes difundían la idea de la huelga como una herramienta de lucha contra la explotación y como medio de presión para obtener mejoras en sus prácticas laborales. Debido a la inexistente legislación laboral, las huelgas eran de carácter ilegal y eran violentamente reprimidas por las fuerzas policiales y por los servicios de guardias contratados por los dueños de las salitreras.

La represión contra las manifestaciones obreras y en especial contra las huelgas fue una constante del periodo que analizamos y las fuentes periodísticas dan cuenta de una considerable suma de enfrentamientos entre grupos de obreros y fuerzas policiales, e incluso algunas veces, contra contingentes compuestos por elementos militares.

En el año 1903, durante la huelga de los estibadores y obreros portuarios, las fuerzas policiales enviadas por el gobierno regional a romper el movimiento obrero, asesinaron a cerca de 50 manifestantes; en el año 1905, a instancias de la “huelga de la carne” ocurrida en la ciudad de Santiago, las fuerzas policiales cobraron 70 victimas entre los obreros; sin embargo, el hecho más controversial que sacudió a la sociedad chilena fue la “matanza de la Escuela de Santa María” acaecida en el año 1907, como corolario de una masiva huelga protagonizada por los trabajadores de las salitreras de la provincia de Tarapacá. Las cifras oficiales hablan de una cifra cercana a los 500 muertos, aunque otras fuentes señalan que el número de victimas de la represión militar se elevó por sobre las 2.000 personas.

Por el contrario, gracias al auge económico que propició la elevada demanda de salitre, las clases dominantes atravesaban por una realidad absolutamente opuesta a la trágica realidad que debía enfrentar el grueso de los trabajadores chilenos en las ciudades y en las oficinas salitreras. Los sectores dominantes de la sociedad chilena fueron los principales beneficiados del boom del salitre y gracias a sus vinculaciones con la industria minera y la industria agropecuarias sus fortunas aumentaron enormemente.

La gran cantidad de recursos de que disponían los acaudalados empresarios chilenos les permitieron construir enormes y fastuosas mansiones y palacetes, los cuales generalmente eran amoblados con mobiliario importado desde Europa. La práctica de consumir productos de lujos europeos se extendió a la educación y comúnmente los hijos de los miembros de la clase dominante eran enviados a completar sus estudios a Francia.

Junto a la emergencia del proletariado industrial sometido a pésimas condiciones de vida y trabajo, y a la extraordinaria bonanza que experimentó la oligarquía minera y agrícola, en el periodo de la República Salitrera comenzó a consolidarse un estrato social que había mejorado sus condiciones, principalmente, gracias al aparato público de educación, el que tradicionalmente ha sido denominado clase media. En efecto, la clase media en este periodo aumentó su número debido al crecimiento del sistema educativo, y coyunturalmente, por causa de al expansión del aparato administrativo.

El complejo panorama social de Chile en el periodo que marco el paso del siglo XIX al siglo XX fue enfrentado de forma tibia y débil por los respectivos gobiernos que dirigieron al estado chileno. En materia laboral sólo se realizaron tenues esfuerzos por mejorar las paupérrimas condiciones en que se debían desempeñar la mayor parte de los trabajadores nacionales; en el caso de las oficinas salitreras, las iniciativas estatales destinadas a detener los abusos a los que estaban sometidos los trabajadores del salitre, fueron nulas debido a la alta influencia de los empresario salitreros en las políticas gubernamentales, ya que su industria representaba más del 90% de las entradas fiscales, por medio del pago de impuestos aduaneros.

Como señalamos recién, las iniciativas del estado en materia social fueron casi inexistentes y se limitaron a un conjunto de disposiciones puntuales y descontextualizadas que no afectaron mayormente la suerte de los trabajadores del país. Entre estas disposiciones podemos mencionar a la denominada “Ley de Habitación Obrera”, dictada en el año 1606; la “Ley de la Silla”, promulgada en 1915; y finalmente a la ley de Accidentes del Trabajo y la ley de Descanso Dominical, ambas del año 1916.

Cueston social

Es indudable que la pobreza y las desigualdades sociales no surgieron en el país en la década de 1880, como tampoco han desaparecido en la moderna realidad del Chile actual. No obstante, ya desde finales de siglo XIX muchos elementos se conjugaron para transformar los problemas sociales en una cuestión social, como son, un contexto económico capitalista plenamente consolidado, marcado por una incipiente industrialización y un proceso de urbanización descontrolado que agravaron las malas condiciones de vida del trabajador urbano; una clase dirigente ciega e ineficiente ante los problemas y quejas del mundo popular; y, finalmente, una clase trabajadora que ya no estuvo dispuesta a quedarse de brazos cruzados esperando que el Estado
oligárquico llegara a ofrecer alguna solución a sus problemas.<
Fue a lo largo de estos años que se pusieron en marcha una serie de movimientos sociales que transformaron la cuestión social en un problema que afectó no sólo a los trabajadores sino a todo el país. Desde entonces, surgieron a la luz pública una serie de innumerables escritos, ensayos, artículos de prensa y tesis de grado que comenzaron a analizar sus causas y motivos, además de las posibles alternativas de solución. Esta amplia gama de debates políticos e ideológicos pueden resumirse en tres grandes corrientes.


La primera corriente se originó al interior del mundo conservador-católico, que a partir de la Encíclica Rerum Novarum adhirió a la línea social cristiana impulsada por la iglesia católica. A grandes rasgos, vio la cuestión social como resultante de una crisis moral que desvirtuó el rol dirigente y protector de la elite criolla. El énfasis estuvo puesto en la responsabilidad que le correspondió a los ricos en el cuidado y bienestar tanto material como espiritual de los más pobres, a través de la educación, la beneficencia, el socorro y la justicia. En síntesis, más acción social y menos caridad.

En segundo lugar, existió una corriente liberal y laica vinculada al Partido Radical y donde también se incluyeron intelectuales independientes de clase media. Para ambos sectores, la cuestión social fue el resultado de un conflicto de clases, un problema estructural de la sociedad nacional, afectada por la falta de desarrollo económico, la explotación laboral, la inflación y la carencia de ayuda estatal hacia los más pobres. Por consiguiente, los dardos apuntaron al Estado y a la necesidad de regular el sistema de libre mercado que rigió en el país, a través de una adecuada legislación social que promoviera y asegurara el progreso y adelanto material de todos los sectores.

Una tercera tendencia, fue la corriente socialista, impulsada por sectores pertenecientes a la clase trabajadora. Para este sector, los problemas sociales fueron consecuencia de la propia existencia del Estado liberal y del sistema capitalista; y declararon que su solución no pasó por la acción caritativa de la clase dirigente ni por las medidas de corte proteccionista que reclamaron algunos liberales, sino que radicó en la acción y el poder autónomo de los propios trabajadores.
A pesar de sus diferencias, cada una de estas tres corrientes coincidió en la urgente necesidad de otorgar pronta solución a los problemas derivados de la cuestión social, que hacia el año 1920 se convirtió en una preocupante cuestión política, traspasando las fronteras de la opinión pública e insertándose de lleno en los planes del Gobierno y del Congreso Nacional.

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